Exigen medidas de seguridad urgentes y un alto a la violencia en los entornos educativos.
En una respuesta inmediata a la tragedia que conmociona al país, el Colegio de Profesoras y Profesores realizó un llamado urgente a las comunidades educativas de todo Chile para movilizarse este lunes 30 y martes 31 de marzo. La convocatoria surge tras el brutal asesinato de una inspectora en un establecimiento de Calama, hecho que ha dejado al sector en un estado de profunda consternación.
Mario Aguilar, presidente nacional del gremio, enfatizó que es imperativo visibilizar el malestar docente ante la crisis de violencia que golpea a las escuelas. “Como trabajadores de la educación tenemos que levantar la voz; que la muerte de nuestra compañera en su lugar de trabajo no sea en vano. Esto tiene que parar”, sentenció el dirigente, exigiendo garantías de seguridad tanto para funcionarios como para estudiantes.
Un plan de acción desde las aulas
El Directorio Nacional decidió plegarse a las movilizaciones iniciadas en Calama, San Pedro de Atacama y Tocopilla, extendiendo la invitación a cada liceo y escuela del territorio nacional. El plan de acción propuesto para ambas jornadas incluye:
- Minutos de silencio:Actos de respeto al inicio de cada jornada escolar.
- Duelo simbólico:Asistencia con vestimenta negra y la instalación de globos del mismo color en los frontis de los planteles.
- Manifestaciones territoriales:Concentraciones pacíficas en las afueras de las unidades educativas durante la mañana.
Exigencia de seguridad integral
Pese a lo imprevisto de la convocatoria, desde el gremio confían en un respaldo masivo como gesto de solidaridad con la comunidad de Calama, golpeada este fin de semana.
“Queremos seguridad en nuestros lugares de trabajo y seguridad para nuestras niñas y niños”, reafirmó Aguilar. El líder gremial subrayó que estos niveles de violencia no pueden transformarse en la «nueva normalidad» del sistema educativo chileno en este 2026.
La movilización se desarrolla en un clima de alta tensión política, coincidiendo con la presencia de las ministras de Educación y Seguridad en la zona norte, y busca presionar por cambios estructurales en los protocolos de protección y convivencia escolar a nivel nacional.