La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto para hacer público el registro de prófugos de la justicia en Chile, iniciativa que contó con importante respaldo durante su discusión, como de instituciones como Carabineros, PDI y representantes del Ministerio Público, para que contribuya a enfrentar la crisis de seguridad en el país.

La moción impulsada por el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) tiene como objetivo perfeccionar el actual sistema de registro para facilitar la identificación de las personas incorporadas en dicha nómina, la cual registra cerca de 38 mil fugitivos. De esta manera, la ciudadanía también podrá apoyar en la captura de estas personas, que, generalmente, siguen involucradas en hechos delictivos. El proyecto nace a propósito del asesinato de la Sargento Rita Olivares, en manos de dos personas que se encontraban prófugas de la justicia en la región de Valparaíso desde hace dos años.

“Valoramos que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados haya aprobado en general el proyecto que busca hacer público el Registro de Prófugos de la Justicia. En Chile, tenemos más de 38.000 prófugos de la justicia que no están siendo buscados y que muchos de ellos siguen cometiendo delitos. Y queremos, con el apoyo de la ciudadanía, poder aportar, poder hacer público su calidad de prófugos, y en atención a los antecedentes que puedan aportar los ciudadanos, poder detenerlos y ponerlos a disposición de la justicia”, indicó el diputado Jorge Guzmán.

Asimismo, agregó que “hubo una aprobación transversal del proyecto y esperamos que podamos seguir avanzando con las mejoras que sean necesarias en lograr un registro público de prófugos de la justicia que contribuya a enfrentar la crisis de seguridad que vive todo el país”, complementó Guzmán, jefe de la bancada de diputados Evópoli.

Finalmente, el proyecto que también es apoyado por parlamentarios de Chile Vamos, pretende mejorar la protección de la comunidad, la disuadir los delitos y que exista una colaboración en la captura de quienes se encuentran fugados de la justicia. En tanto, el Ejecutivo analizará las nuevas indicaciones expuestas en la comisión y evaluará si este implica gasto, debido a los ajustes que se deben realizar en el Registro Civil para darle viabilidad a la iniciativa.

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