Información. Linares en Línea
La Contraloría General de la República, dio a conocer en el mes de junio de este año, el resultado del Juicio de Cuentas número 78338, realizado a la municipalidad de Colbún a raíz de viajes al extranjero efectuados entre los años 2015 y 2016 por el alcalde Pedro Pablo Muñoz y los ex concejales Jaqueline Núñez, Lupercio Díaz, Manuel Ortíz, Patricia Soto, Teresa Fuentes y Jorge Dedes (Este último actual concejal de la comuna).
El resultado de juicio señala que dichos viajes (Francia, México, Colombia y Brasil) que tenían por objetivo participar de seminarios en apoyo a la localidad de Colbún, no cumplieron su misión y en algunos casos se emitieron cheques y viáticos sin el previo permiso del concejo municipal de ese entonces.
Algunos de los enunciados del documento, establecen, por ejemplo, el pago de “12. 449.690 pesos por la responsabilidad solidaria en la visación de los pagos irregulares efectuados mediante decreto 85 de 2016 en las que se procedió a cubrir gastos de inscripción, pasaje aéreo y viatico a los concejales Jaqueline Núñez y Patricia Soto para participar de un programa denominado “Desarrollo Urbano, proceso de planificación comunitaria y vivienda sostenible”, que se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 7 de febrero de 2016 en Río de Janeiro y Brasilia (Brasil).
El documento agrega, que se establece el pago de “6.901.708 pesos por responsabilidad solidaria de los concejales Muñoz, Fuentes, Núñez, Fuentes, Ortíz, Dedes, Díaz y Soto por autorización a través de los que se procedió a cubrir gastos irregulares de pasajes aéreos para los concejales Ortíz y Dedes el viaje realizado a México para participar del programa denominado “Productividad, patrimonio y biodiversidad”, realizado entre los días 24 y 31 de octubre de 2016.
Se ordenó además el pago de “1.289.293 pesos a los concejales Muñoz, Fuentes, Ortíz, Dedes, Díaz, Gómez, Núñez, Fuentes y Soto por responsabilidad solidaria” por la autorización de pago irregular en el que se procedió a cubrir gastos de pasajes aéreos de los concejales Ortíz y Dedes por viaje a México el año 2015 para participar del programa “Productividad, patrimonio y biodiversidad” realizado entre los días 24 y 31 de octubre.
El documento detalla, que se ordena el pago de “342.882 pesos a los concejales Muñoz y Fuentes por el decreto de pago 1.657 de 2015 a través del cual se procedió a cubrir remanente sin reintegrar a raíz de un viaje que realizaría el alcalde a un seminario en la provincia de Borgoña en Francia el cual no fue autorizado por el concejo municipal, resultando improcedente la compra de los pasajes aéreos”.
Se ordenó además el pago de 1.873.772 pesos a los concejales; Muñoz, Fuentes, Ortíz, Dedes, Díaz, Núñez, Fuentes y Soto por responsabilidad solidaria respecto a la realización a pasantía en la ciudad de Medellín, Colombia que se desarrolló entre el 24 y 31 de mayo de 2015, actividad a la que no asistieron los concejales Ortíz y Dedes, aun cuando se procedió al pago del pasaje aéreo.
Solo por mencionar algunos de los actos irregulares cometidos por los ya mencionados incluyendo, por ejemplo, el realizado por el alcalde Pedro Pablo Muñoz y el Administrador Municipal por el decreto de pago 2.189 de 2015 por la suma de 6.618.496 pesos mediante el cual se le pagó a la empresa consultora Andrea Viviana Veliz Seguel la inscripción de los concejales Dedes y Ortíz en seminario internacional de México que dispuso el pago de pasajes aéreos a la ciudad de Cancún, viaje que según contraloría no constituye un fin municipal, destinado a la satisfacción de actividades públicas.
Estos y muchos otros antecedentes se detallan en el documento emitido por el órgano fiscalizador que revelan la serie de irregularidades cometidas en el municipio durante los años mencionados y que ponen en evidencia la labor del alcalde y de los concejales, los que tienen como misión velar porque los recursos que son de todas y todos los chilenos sean empleados en la implementación de políticas públicas que ayuden al desarrollo de sus familias y comunidades.
Finalmente, es importante consignar que la Jueza Dorothy Pérez Gutiérrez, señala en el documento que dichos montos deberán ser reintegrados a la municipalidad en el tercer día de ejecutoriada la sentencia definitiva y quedando todos bajo apercibimiento por lo dispuesto en el artículo 124 de la ley Nº 10.366.
En tanto, el alcalde de Colbún se encuentra de vacaciones en estos días por lo que no se pudo obtener su versión de los hechos o si va a acatar o apelar a la decisión del ente contralor.