En una señal clara de gestión con sentido social y prioridades bien definidas, la administración municipal de San Javier, liderada por el alcalde Luis Reveliño Alarcón, anunció una histórica inversión que permitirá a la comuna contar, por primera vez, con una ambulancia de carácter municipal.
La iniciativa se concreta gracias a la utilización responsable de los recursos provenientes del royalty minero, cuya primera cuota alcanzó los 216 millones de pesos. De este monto, la autoridad comunal decidió destinar 108 millones de pesos a la adquisición de una ambulancia de emergencia básica (AEB), que será destinada al CESFAM Carlos Díaz Gidi, fortaleciendo la red de atención primaria y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias.
“Estimados vecinos, queremos transparentar que ha ingresado la primera cuota del royalty minero por 216 millones de pesos. Queremos decirles que nuestras prioridades son sus prioridades. Hemos apartado 108 millones para poder cumplir el compromiso que ya teníamos: contar con la primera ambulancia comunal”, expresó el edil, marcando un tono de cercanía y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Pero la inversión no se limita solo al ámbito de la salud. En una estrategia integral orientada a mejorar la calidad de vida de las familias de San Javier, el municipio ha definido una distribución del royalty con fuerte acento social:
60 millones de pesos en becas municipales, beneficiando a mil estudiantes de enseñanza básica y media, priorizando mérito académico y vulnerabilidad. 25 millones de pesos en cajas de alimentos, destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas y usuarios de programas sociales. Más de 14 millones de pesos para demarcaciones viales, apuntando a mejorar la seguridad en calles y caminos de la comuna. 8 millones de pesos para fortalecer el sistema sanitario rural de Santa Amalia, permitiendo avanzar en soluciones concretas de acceso al agua potable.
Estas acciones se suman a una serie de gestiones municipales que buscan responder de manera directa a las necesidades más urgentes de la comunidad, como la reparación de calles, apoyo social y fortalecimiento de programas comunitarios.
Con esta decisión, la actual administración no solo cumple un compromiso largamente esperado, sino que también instala una señal política clara: los recursos públicos deben estar al servicio de las personas, priorizando salud, educación y bienestar social por sobre cualquier otra consideración.